En el panorama financiero global, la identificación del Beneficiario Final se ha convertido en una pieza esencial para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
México, como miembro del Grupo de Acción Financiera (GAFI), ha fortalecido su marco regulatorio para garantizar la transparencia y rastrear quién controla o se beneficia económicamente de una entidad
La legislación mexicana ha otorgado al Beneficiario Final un rol fundamental para la transparencia corporativa. Las reformas recientes a la Ley General de Sociedades Mercantiles obligan a las empresas a mantener registros detallados y actualizados sobre sus socios y accionistas.
Principales leyes que regulan al Beneficiario Final:
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI):
Obliga a identificar, verificar y conservar la información del Beneficiario Final en actividades vulnerables.
Código Fiscal de la Federación (CFF):
Establece lineamientos fiscales para documentar y conservar estos datos por al menos cinco años.
EL no cumplimiento con las disposiciones sobre el Beneficiario Final puede acarrear fuertes multas:
Multas por LFPIORPI:
Entre $19,000 Y $192,000
Multas por CFF:
De $1,000,000 hasta $2,000,000 pesos
Estas sanciones reglejan la seriedad con la que el Estado mexicano combate estructuras opacas y flujos financieros ilícitos.
La correcta identificación del Beneficiario Final no es solo una obligación legal, sino una estrategia clave para proteger el sistema financiero.
Previene el uso de empresas como vehículos para lavado de dinero
Mejora la confianza de aliados comerciales, instituciones financieras y autoridades
Facilita auditorías internas y procesos de debida diligencia
Cumplir con las obligaciones sobre el Beneficiario Final es mucho más que evitar multas:
Es asegurar que tu empresa opera con integridad, transparencia y dentro del marco legal.
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