México, como parte de sus compromisos internacionales en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, debe llevar a cabo evaluaciones periódicas de su riesgo nacional. Estas evaluaciones, conocidas como Evaluaciones Nacionales de Riesgo (ENR), se realizan cada tres años y son fundamentales para comprender la vulnerabilidad del país frente a estas amenazas financieras. En este contexto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desempeña un papel crucial, no solo en la coordinación de estas evaluaciones, sino también en la recopilación de información vital directamente de los actores involucrados.
La importancia del cuestionario de percepción de riesgo
Para asegurar la eficacia del régimen preventivo contra el lavado de activos en el país, la UIF implementa diversas estrategias de recopilación de datos. Una de las más relevantes es la distribución de cuestionarios de percepción de riesgo. El objetivo principal de estas encuestas es obtener una visión directa de cómo los participantes perciben las amenazas y vulnerabilidades, así como la efectividad de las medidas de prevención ya implementadas.
Estos cuestionarios son especialmente importantes porque la UIF es la entidad encargada de atender las evaluaciones mutuas in situ que realiza el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Las respuestas obtenidas a través de estas herramientas permiten a México demostrar su compromiso y la funcionalidad de su marco regulatorio y operativo en la prevención de delitos financieros ante organismos internacionales. Las preguntas están diseñadas para explorar la percepción de riesgo, la comprensión de las obligaciones y la identificación de posibles brechas en el sistema.
¿Quiénes deben responder y por qué es crucial su aportación?
La convocatoria para completar estos cuestionarios se dirige específicamente a todas aquellas personas físicas y morales que realizan actividades consideradas "vulnerables" bajo la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Esto incluye a un amplio abanico de sectores, desde servicios inmobiliarios y notarias hasta el sector financiero y de juegos con apuesta.
La participación activa y honesta de estos sujetos obligados es esencial. Sus aportaciones ofrecen una perspectiva valiosa sobre la implementación práctica de la normativa, los desafíos que enfrentan y la percepción general sobre la efectividad de las medidas preventivas. Al contribuir con sus respuestas, no solo cumplen con una solicitud de la autoridad, sino que también participan directamente en la mejora continua del sistema antilavado de México, fortaleciendo la capacidad del país para detectar y combatir operaciones ilícitas. Su colaboración es un pilar fundamental para la transparencia y la integridad del sistema financiero nacional.