La Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, o Ley Fintech, se convirtió en una piedra angular para el desarrollo del ecosistema financiero digital en México desde su promulgación en marzo de 2018.
Desde su publicación, la Ley Fintech transformó el marco regulatorio de las empresas de tecnología financiera en México, estableciendo requisitos de autorización y obligaciones específicas para operar de forma legal. Sin embargo, muchas empresas del sector aún operan con la idea equivocada de que su naturaleza tecnológica las exime -o al menos las hace menos prioritarias- frente a las obligaciones de prevención de lavado de dinero.
Esta guía repasa qué instituciones regula la Ley Fintech, cómo se conecta con la LFPIORPI y por qué el riesgo de lavado de dinero en el sector fintech merece atención particular.
La Ley Fintech en México, formalmente conocida como la "Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera", fue promulgada en marzo de 2018 y representa un avance significativo en la regulación del sector financiero, especialmente en el ámbito de las tecnologías financieras. Su principal objetivo es crear un entorno seguro y regulado para las empresas fintech, abarcando diversas actividades como pagos electrónicos, crowdfunding, criptomonedas y servicios de asesoría financiera automatizada.
La Ley Fintech busca:
La Ley Fintech regula a las Instituciones de Tecnología Financiera (ITF), categoría que agrupa dos figuras: las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico (IFPE), que ofrecen servicios de pago, transferencias y almacenamiento de fondos electrónicos; y las Instituciones de Financiamiento Colectivo (IFC), que conectan a inversionistas con solicitantes de financiamiento (crowdfunding de deuda, capital o copropiedad). Ambas requieren autorización de la CNBV, y en algunos aspectos operativos, del Banco de México.
Las Fintechs que deseen operar legalmente en México deben cumplir con una serie de requisitos establecidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Entre ellos:
Obtener autorización para operar como Institución de Tecnología Financiera (ITF).
Establecer procesos sólidos de gestión de riesgos.
Cumplir con requisitos de capital mínimo.
Presentar auditorías periódicas y reportes ante la autoridad.Cumplimiento con normativas de prevención de lavado de dinero: La ley incluye medidas para prevenir el lavado de dinero y otras actividades ilícitas, asegurando que las fintechs operen de manera ética y legal.
Desde su promulgación, la Ley Fintech ha tenido un impacto positivo en el crecimiento y desarrollo del ecosistema fintech en México. En 2023, se celebraron cinco años de su implementación, y el sector ha visto un aumento significativo en el número de startups y en la inversión en tecnología financiera. Esto ha posicionado a México como uno de los líderes en el sector fintech en América Latina, contribuyendo a la inclusión financiera y a la innovación en servicios financieros.
En resumen, la Ley Fintech no solo regula el funcionamiento de las empresas en el sector, sino que también establece un marco que protege a los usuarios y fomenta la confianza en el uso de tecnologías financieras en México.
Al ser entidades financieras autorizadas y supervisadas por la CNBV, las ITF están sujetas al régimen de prevención de lavado de dinero aplicable a entidades financieras -no al régimen de Actividades Vulnerables- lo que implica reportar a través de SICOFI hacia la UIF y estar sujetas a sanciones de la CNBV en caso de incumplimiento.
La velocidad transaccional, el onboarding digital sin interacción presencial y la naturaleza distribuida de muchos usuarios hacen que las ITF enfrenten patrones de riesgo distintos a los de una institución de crédito tradicional. Un mecanismo de identificación de clientes robusto -que verifique identidad de forma confiable en un entorno cien por ciento digital- es, en este sector, tan importante como el propio producto financiero que se ofrece.
Uno de los pilares fundamentales de la Ley Fintech es el cumplimiento de normas en materia de PLD. Las instituciones deben implementar controles estrictos que minimicen el riesgo de que sus plataformas sean utilizadas con fines ilícitos.
Asumir que “ser fintech” exime o reduce las obligaciones de prevención de lavado de dinero.
Implementar un onboarding digital ágil sin verificación de identidad robusta desde el primer contacto con el usuario.
No reportar oportunamente operaciones relevantes o inusuales por priorizar la velocidad operativa sobre el cumplimiento.
Desconocer si la institución opera como IFPE, IFC, o ambas, y aplicar el régimen incorrecto.
La Ley Fintech no exime a las instituciones que regula de sus obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero; al contrario, las coloca bajo el mismo régimen exigente que otras entidades financieras. Para el sector fintech, el reto adicional está en construir mecanismos de identificación que sean tan ágiles como la experiencia digital que ofrecen, sin sacrificar el rigor del cumplimiento.
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La Ley Fintech sujeta a las ITF a las disposiciones PLD/FT de la CNBV. Revisa las obligaciones por figura:
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