Analizamos los cambios normativos más relevantes y cómo impactan a las Fintechs, SOFOMs y Actividades Vulnerables en México.
El pasado 30 de junio de 2025, la Cámara de Diputados aprobó reformas significativas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), también conocida como Ley Antilavado. El dictamen, impulsado por el senador Javier Corral, fue avalado por 349 votos a favor, 38 en contra y 91 abstenciones, y será turnado al Ejecutivo federal para su publicación.
El sector inmobiliario en México es uno de los más activos y diversos de la economía, y al mismo tiempo, uno de los más susceptibles al lavado de dinero. Las altas sumas que se manejan, combinadas con vacíos regulatorios y la falta de controles, lo convierten en un blanco ideal para operaciones ilícitas. En este artículo exploramos los principales modelos de negocio inmobiliario en el país, los tipos de operaciones que manejan y los riesgos específicos que presenta cada uno ante el lavado de dinero.
El sector automotriz en México es uno de los más dinámicos del país, pero también representa un área de riesgo para actividades ilícitas como el lavado de dinero. Por ello, las empresas dedicadas a la venta de vehículos nuevos y usados deben estar al tanto de sus obligaciones legales en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
El marco legal se adapta a nuevos riesgos financieros En los últimos meses, el Congreso de la Unión ha iniciado discusiones relevantes sobre posibles modificaciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Estas reformas buscan fortalecer el marco normativo frente a los desafíos que presenta la sofisticación de esquemas de lavado de dinero en México.
Prestar dinero en el entorno laboral: una práctica común con posibles implicaciones legales En muchas empresas mexicanas, ofrecer apoyo económico a colaboradores mediante préstamos personales es una práctica habitual. Sin embargo, es importante considerar que esta acción, aunque bien intencionada, podría generar responsabilidades en materia de prevención de lavado de dinero si no se lleva a cabo de forma adecuada.
Préstamos informales y cumplimiento normativo En México, prestar dinero entre personas físicas es una práctica cotidiana que no necesariamente representa un problema legal. Sin embargo, cuando se manejan cantidades elevadas o hay recurrencia en este tipo de operaciones, es importante considerar los posibles alcances que puede tener bajo la legislación contra el lavado de dinero.
Cumplir con la legislación en materia de prevención de lavado de dinero no es opcional. Uno de los requerimientos más estrictos establecidos por la normativa mexicana es la obligación de reportar ciertas operaciones sospechosas en un plazo máximo de 24 horas.
La prevención del lavado de dinero (PLD) no solo es una obligación legal, sino también un elemento clave para proteger la integridad del sistema financiero. En este contexto, contar con un Sistema Automatizado PLD eficiente puede marcar la diferencia entre cumplir correctamente y exponerse a sanciones por parte de la CNBV o la UIF. Si estás considerando implementar uno, esta guía te ayudará a tomar la mejor decisión para tu entidad.
La industria de mutuo, préstamo o crédito en México ha tenido un crecimiento sostenido en los últimos años, siendo clave para impulsar el acceso al financiamiento, especialmente en sectores donde la banca tradicional no tiene una fuerte presencia. Este tipo de servicios, ofrecidos principalmente por SOFOM (Sociedades Financieras de Objeto Múltiple), han permitido que miles de personas físicas y pequeñas empresas encuentren soluciones financieras flexibles. Sin embargo, también representan un sector altamente expuesto al riesgo de ser utilizado para el lavado de dinero, lo que hace esencial contar con procesos de cumplimiento normativo robustos.
En México, el combate al lavado de dinero es una prioridad nacional. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en conjunto con la CNBV y el SAT, ha identificado las actividades económicas con mayor exposición a operaciones con recursos de procedencia ilícita, mejor conocidas como actividades vulnerables. Conocerlas es fundamental para prevenir riesgos legales, financieros y reputacionales.