Recursos y actualidad regulatoria.

La industria inmobiliaria es uno de los sectores más vulnerables al lavado de dinero debido al alto valor de las transacciones, la participación de múltiples intermediarios y la posibilidad de operar con entidades legales complejas. Por esta razón, las autoridades regulatorias han establecido lineamientos estrictos de cumplimiento normativo que las empresas inmobiliarias deben seguir para prevenir actividades ilícitas. En este artículo, exploraremos todo lo que los actores del sector inmobiliario deben tener en cuenta para cumplir con las normativas vigentes, los documentos y datos que deben recabar de sus clientes, y cómo implementar un ciclo de cumplimiento eficaz contra el lavado de dinero (AVD/PLD).

Las recientes reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) marcan un antes y un después para las empresas que realizan Actividades Vulnerables en México. Estas modificaciones, aprobadas en comisiones del Senado en abril de 2025, buscan armonizar la normativa nacional con los estándares internacionales del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) y fortalecer la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

Una de las principales preocupaciones dentro del ecosistema financiero radica en todo aquello que se relaciona con la prevención de lavado de dinero (PLD) y sus normativas, debido a que se ha convertido en un tema crítico para las instituciones financieras en México.

La certificación en materia de PLD/FT de la CNBV es uno de los requisitos más relevantes para los profesionales del cumplimiento en México. Acredita que la persona cuenta con los conocimientos técnicos y normativos necesarios para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita dentro de una entidad financiera. En esta guía actualizada 2026 explicamos en qué consiste el examen de certificación CNBV en PLD/FT, quiénes están obligados a presentarlo, cómo prepararte para aprobarlo y qué ocurre si no cuentas con la certificación.

Uno de los requerimientos más importantes para las entidades financieras, no solo en México sino a nivel internacional, es el uso de listas o mejor conocidas como “listas negras” o de “vigilancia”, que permiten identificar a personas y entidades vinculadas con el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo, corrupción, y otras actividades ilícitas.

Los Oficiales de Cumplimiento tienen un rol fundamental en cada entidad, velando por garantizar que se cumplan todas las normativas y regulaciones aplicables a su empresa. Cada día los estándares de cumplimiento son más exigentes y los delitos cada vez más sofisticados, presentando nuevos desafíos a los equipos de compliance, donde el uso de la tecnología permite facilitar muchas tareas para realizar su importante trabajo.

Las listas negras juegan un papel crucial para garantizar la transparencia y la seguridad de las operaciones. Estas listas son herramientas esenciales que permiten identificar a personas y entidades vinculadas con actividades ilegales, como el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

La prevención de lavado de dinero (PLD) es un tema crucial en el ámbito financiero, especialmente en países como México, donde la lucha contra el crimen organizado y la corrupción es una prioridad nacional. Las auditorías en PLD son una herramienta clave para garantizar que las instituciones financieras cumplan con las normativas y políticas establecidas para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

América Latina, una región que ha sido escenario de importantes escándalos financieros, se encuentra en el centro de la lucha contra el lavado de dinero. En este contexto, empresas innovadoras como la chilena Regcheq están utilizando la inteligencia artificial para ayudar a las organizaciones a enfrentar estos desafíos.

La Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, o Ley Fintech, se convirtió en una piedra angular para el desarrollo del ecosistema financiero digital en México desde su promulgación en marzo de 2018.