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En el ecosistema de cumplimiento PLD/FT, confundir el tratamiento de una Persona Políticamente Expuesta (PEP) con un registro en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) es un error operativo crítico. La distinción legal es tajante: mientras que una coincidencia en la LPB obliga a las Entidades Financieras a la suspensión inmediata de la operación, quienes realizan Actividades Vulnerables deben detonar un Aviso de 24 horas ante la UIF. ¿Quién actualiza y publica la Lista de Personas Bloqueadas? La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), integra y actualiza la Lista de Personas Bloqueadas (LPB). No es una lista pública: la UIF la da a conocer solo a los sujetos obligados por canales confidenciales. Las entidades financieras la reciben a través del SITI de la CNBV y quienes realizan Actividades Vulnerables la consultan mediante el Portal de Prevención de Lavado de Dinero del SAT.

GBM acumuló más de 16 millones de pesos en multas impuestas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y publicó, en enero, diversas sanciones pecuniarias impuestas a GBM. La noticia no pasó desapercibida en el sector financiero mexicano y más allá del monto, estas sanciones, advierte a todas las entidades financieras reguladas que el Cumplimiento en materia de PLD/FT no es un tema accesorio ni un simple requisito documental.

La OFAC (Office of Foreign Assets Control) es la oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que administra las sanciones económicas de ese país. Su lista principal, la lista SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons), reúne a personas y empresas sancionadas. En México no es obligatoria por ley (la única lista vinculante para bloquear operaciones es la Lista de Personas Bloqueadas de la UIF), pero consultarla es una práctica estándar para evaluar el riesgo de un cliente. Para las Actividades Vulnerables en México, el cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) ya no se limita a cumplir con lo mínimo establecido en la normativa nacional. Hoy, clientes, contrapartes, fedatarios públicos, proveedores financieros y autoridades esperan controles más robustos, especialmente cuando existen operaciones con elementos internacionales.

La reciente reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025, modificó de manera profunda el marco normativo para las empresas que realizan actividades vulnerables. El nuevo esquema no sólo amplía el catálogo de sujetos obligados, sino que también impone mayores exigencias de control interno y supervisión. En este contexto, la tecnología emerge como la herramienta indispensable para garantizar el cumplimiento en un entorno de fiscalización más estricto.

En México, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), mejor conocida como Ley Antilavado, define los umbrales que marcan cuándo las operaciones catalogadas como actividades vulnerables requieren identificación del cliente y en qué casos se debe presentar un aviso a la autoridad. Con la actualización del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en 2025, estos límites se modificaron y estarán vigentes del 1 de febrero de 2025 al 31 de enero de 2026. Este ajuste es crucial, ya que impacta directamente en los controles de cumplimiento de empresas, organizaciones y profesionistas vinculados a operaciones de riesgo.

La arquitectura regulatoria y tecnológica contra el Blanqueo de Capitales cambia con rapidez. En México y a nivel global, los marcos normativos se actualizan y los supervisores promueven el uso responsable de datos y tecnologías para prevenir y detectar operaciones ilícitas. Para los sujetos obligados, anticiparse a estas tendencias significa reducir riesgo legal, operativo y reputacional, y proteger la integridad del sistema financiero.

Evaluación de riesgos en Préstamos y crédito mutuo: marco legal La Evaluación de riesgos en operaciones de Préstamos y crédito mutuo se encuentra regulada en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). El artículo 17, fracción IV, establece que cuando estas operaciones se realizan de forma habitual o profesional por sujetos distintos a instituciones financieras, deben considerarse Actividades Vulnerables bajo el marco antilavado.

México, como parte de sus compromisos internacionales en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, debe llevar a cabo evaluaciones periódicas de su riesgo nacional. Estas evaluaciones, conocidas como Evaluaciones Nacionales de Riesgo (ENR), se realizan cada tres años y son fundamentales para comprender la vulnerabilidad del país frente a estas amenazas financieras. En este contexto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desempeña un papel crucial, no solo en la coordinación de estas evaluaciones, sino también en la recopilación de información vital directamente de los actores involucrados.

En el panorama financiero actual, diversas industrias se enfrentan a desafíos significativos en la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. En México, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) establece un marco regulatorio estricto para lo que se conoce como "actividades vulnerables". Entre estas, destacan los juegos con apuestas y ciertos instrumentos de pago electrónico, dada su naturaleza de alto flujo monetario.

En México, la Fe Pública, una atribución fundamental en el sistema legal, confiere un alto grado de validez y credibilidad a ciertos actos y documentos. Principalmente ejercida por notarios y corredores públicos, esta función esencial conlleva una significativa responsabilidad, especialmente en el contexto de la prevención de lavado de dinero. La normativa mexicana, en particular la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), clasifica el ejercicio de la Fe Pública como una Actividad Vulnerable (AV), imponiendo deberes adicionales a quienes la detentan.