Recursos y actualidad regulatoria.

En México, muchas empresas cumplen obligaciones fiscales, laborales y corporativas… pero desconocen que también podrían estar sujetas a la Ley Antilavado.

En el ecosistema de cumplimiento PLD/FT, confundir el tratamiento de una Persona Políticamente Expuesta (PEP) con un registro en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) es un error operativo crítico. La distinción legal es tajante: mientras que una coincidencia en la LPB obliga a las Entidades Financieras a la suspensión inmediata de la operación, quienes realizan Actividades Vulnerables deben detonar un Aviso de 24 horas ante la UIF. ¿Quién actualiza y publica la Lista de Personas Bloqueadas? La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), integra y actualiza la Lista de Personas Bloqueadas (LPB). No es una lista pública: la UIF la da a conocer solo a los sujetos obligados por canales confidenciales. Las entidades financieras la reciben a través del SITI de la CNBV y quienes realizan Actividades Vulnerables la consultan mediante el Portal de Prevención de Lavado de Dinero del SAT.

GBM acumuló más de 16 millones de pesos en multas impuestas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y publicó, en enero, diversas sanciones pecuniarias impuestas a GBM. La noticia no pasó desapercibida en el sector financiero mexicano y más allá del monto, estas sanciones, advierte a todas las entidades financieras reguladas que el Cumplimiento en materia de PLD/FT no es un tema accesorio ni un simple requisito documental.

La OFAC (Office of Foreign Assets Control) es la oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que administra las sanciones económicas de ese país. Su lista principal, la lista SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons), reúne a personas y empresas sancionadas. En México no es obligatoria por ley (la única lista vinculante para bloquear operaciones es la Lista de Personas Bloqueadas de la UIF), pero consultarla es una práctica estándar para evaluar el riesgo de un cliente. Para las Actividades Vulnerables en México, el cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) ya no se limita a cumplir con lo mínimo establecido en la normativa nacional. Hoy, clientes, contrapartes, fedatarios públicos, proveedores financieros y autoridades esperan controles más robustos, especialmente cuando existen operaciones con elementos internacionales.

El Financiamiento del Terrorismo (FT) en 2026 ha dejado de ser un riesgo lejano para convertirse en una amenaza digital, fragmentada y de bajo monto, lo que supone un desafío crítico para las entidades financieras y actividades vulnerables en México. Ante la presión regulatoria y la sofisticación de las nuevas tipologías, las organizaciones ya no pueden limitarse a un cumplimiento reactivo; hoy se exige un enfoque más cercano y continuo. La clave para proteger la operación, la reputación y la sostenibilidad del negocio radica en anticiparse, actualizar la evaluación de riesgos, fortalecer la debida diligencia y apoyarse en tecnología especializada para pasar de la simple observancia a una gestión del riesgo verdaderamente efectiva.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó el 8 de enero de 2026 el comunicado mediante el cual se actualiza el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) que estará vigente durante el año.

El cumplimiento PLD, una obligación que abarca a financieras y actividades vulnerables En México, tanto las entidades financieras como las empresas que realizan Actividades Vulnerables están sujetas a estrictas obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT). Por un lado, instituciones como las SOFOMES, SOFIPOS, transmisores de dinero, instituciones de seguros, fintech (IFPE e IFC), asesores en inversiones, banca múltiple, SOCAP, banca de desarrollo, fondos de inversión, casas de bolsa, uniones de crédito, centros cambiarios y almacenes generales de depósito, deben cumplir con los procesos y controles establecidos en las Disposiciones de Carácter General (DCG) emitidas por la CNBV.

La reciente reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025, modificó de manera profunda el marco normativo para las empresas que realizan actividades vulnerables. El nuevo esquema no sólo amplía el catálogo de sujetos obligados, sino que también impone mayores exigencias de control interno y supervisión. En este contexto, la tecnología emerge como la herramienta indispensable para garantizar el cumplimiento en un entorno de fiscalización más estricto.

En México, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), mejor conocida como Ley Antilavado, define los umbrales que marcan cuándo las operaciones catalogadas como actividades vulnerables requieren identificación del cliente y en qué casos se debe presentar un aviso a la autoridad. Con la actualización del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en 2025, estos límites se modificaron y estarán vigentes del 1 de febrero de 2025 al 31 de enero de 2026. Este ajuste es crucial, ya que impacta directamente en los controles de cumplimiento de empresas, organizaciones y profesionistas vinculados a operaciones de riesgo.

La arquitectura regulatoria y tecnológica contra el Blanqueo de Capitales cambia con rapidez. En México y a nivel global, los marcos normativos se actualizan y los supervisores promueven el uso responsable de datos y tecnologías para prevenir y detectar operaciones ilícitas. Para los sujetos obligados, anticiparse a estas tendencias significa reducir riesgo legal, operativo y reputacional, y proteger la integridad del sistema financiero.